Atizando Wallmapu por debajo de la mesa

Dado que esta dimensión de la política indígena opera por debajo de la mesa, no se vale de grandes anuncios ¿O usted escuchó el anuncio de militarizar Wallmapu ahora en pleno Covid-19? ¿O la vigilancia de la población mediante drones? ¿O se enteró de la arremetida forestal en el parlamento para zanjar el tema político de las recuperaciones mapuche vía ley especial contra el robo de madera?

En tiempos donde todo está copado por la terrible pandemia mundial Covid-19, que ha desnudado la precariedad socio económica del oasis de Latinoamérica, también acontecen otras calamidades, especialmente en Wallmapu.

Ya todos estamos acostumbrados a que de tiempo en tiempo se haga algún pomposo anuncio bajo rótulos como “Plan Araucanía”, “Acuerdo por la paz” y un largo etc. para expresar la profunda convicción y deseo del gobierno de turno para avanzar en la paz y desarrollo del Pueblo Mapuche. Danzan entonces las cifras en millones de dólares, arreglos de camino, bonos para tal y cual acción productiva, y por supuesto en tono solemne y republicano, la promesa del reconocimiento constitucional. En fin, película conocida.

Podríamos decir, que en términos de política indígena, todo esto es lo que sucede sobre la mesa, aquello contra lo que contrastan a los revoltosos mapuche que incendian y destruyen sin motivo, a aquellos que porfiadamente y haciendo caso omiso de tal loable disposición gubernamental, continúan en lucha. Son ladrones, pendencieros, terroristas, concluyen.

Esto permite la articulación de la segunda dimensión de la política indígena: la represión. Liderada no por el ministro de desarrollo social, sino por el del interior, es un plan de seguridad, dicen. Bueno, la verdad es que nunca se ha explicitado a quiénes les cuidan la seguridad. Al menos, por acá, se ve que aparecen tanquetas entrando a casas de comuneros; aparecen drones sobrevolando tu casa, día y noche; aparecen anfibios rondando tu comunidad; controles vehiculares de a tres tanquetas; una camioneta, que no conoces, te sigue a dónde vas por dos días; celulares intervenidos; etc. Ni hablar de los golpes a niños, ancianos, mujeres y tortura a comuneros. Simplemente sucede ¿Será a lo que llaman violencia rural? En fin, así es como cada ciclo termina en operaciones huracanes o asesinatos como los de Camilo Catrillanca.

Dado que esta dimensión de la política indígena opera por debajo de la mesa, no se vale de grandes anuncios ¿O usted escuchó el anuncio de militarizar Wallmapu ahora en pleno Covid-19? ¿O la vigilancia de la población mediante drones? ¿O se enteró de la arremetida forestal en el parlamento para zanjar el tema político de las recuperaciones mapuche vía ley especial contra el robo de madera?

Seguramente, no. Parte de la política indígena es presentarse desarticuladamente. El último tema que planteé lo expresa muy bien. El 24 de junio se debía tramitar en el senado el proyecto de ley que fortalece la fiscalización y la persecución de los delitos de robo y hurto de madera en la zona. Por supuesto, con suma urgencia. Ante todas luces pareciéramos estar ante un simple tema de robo, aun cuando el proyecto le quiere dar una tipificación especial al “robo de madera” (versión forestal) o “recuperación” (versión mapuche), pues recuperas aquello que te fue arrebatado.

Sin embargo, no se consideran temas fundamentales. Las forestales son uno de los principales agentes conflictivos en Wallmapu desde hace décadas (sin mencionar que también se coludieron contra todos los chilenos y son parte de los Holdings que participaron en el financiamiento ilegal de la política) y por lo tanto, son uno de los actores en conflicto en territorio mapuche, toda vez que en su poder han tenido, y mantienen aun ilegítimamente tierra mapuche que está siendo reclamada, tanto tierras ancestrales como títulos de merced.

Llamativo es que en medio de una las mayores crisis sanitarias y económicas de nuestra historia, de repente se hace sumamente urgente abordar este tema ¿De dónde vendrá esta urgencia? ¿Para quién es urgente? Que las forestales sean un actor conflictivo o en conflicto en Wallmapu ¿les habrá impedido ser una fuente de información para la toma de decisiones en la elaboración de la ley? Y si ellos fueron una fuente de información ¿también se escuchó a agrupaciones mapuche, comunidades u otros actores? ¿Se consideró la dimensión política en que acontece esto o simplemente se redujo a un delito descontextualizado?

Si verdaderamente existiera voluntad para avanzar en una verdadera política indígena, seguramente el gobierno de turno sentaría a las forestales a la mesa, junto a los demás actores involucrados para solucionar temas como éste, referidos al territorio y la propiedad de la tierra. Lamentablemente no es así. Continúan optando por tratar con ellos por debajo de la mesa, desplegando la política indígena por esa vía ¿Cómo se sorprenden después de la violencia? ¿Cómo se sorprenden después de las protestas? ¿Acaso olvidan la dignidad de quienes luchan por sus derechos y son excluidos de todo espacio de decisión?

Simplemente, hay que decir que se está nuevamente atizando Wallmapu, y esa violencia no viene del Movimiento Mapuche ciertamente.

Irresponsables.

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