El domingo 18 de octubre fue el último día de formalización de los nueve vecinos de Lo Hermida imputados en el caso del ataque a la Subcomisaría de Peñalolén. El 13 Juzgado de Garantía dictaminó prisión preventiva para los siete adultos e internación provisoria en un centro del Sename para los dos adolescentes involucrados. Este medio conversó con Lorenzo Morales, abogado defensor de los nueve acusados, quien entregó detalles del caso, y la supuesta presencia de agentes infiltrados.
Es domingo 18 de octubre, y mientras en las calles se conmemoraba el primer aniversario del Estallido Social, en el 13 Juzgado de Garantía de Santiago, se llevó a cabo el cuarto y último día de audiencia de formalización de los vecinos de Lo Hermida, acusados de atacar la Subcomisaría de Peñalolén, con coordinación previa a través de un grupo llamado “Los Antiyuta 21”, desde el 26 de agosto hasta el 12 de octubre.
Todo comenzó el pasado jueves 15 de octubre, cuando fueron detenidos once personas -entre ellos tres menores de edad-, por los delitos de asociación ilícita e infracción a la Ley de Armas. El control de detención fue esa misma tarde. A la mañana siguiente, el fiscal del caso, Miguel Ángel Orellana de la Fiscalía Oriente, notó la presencia de diversos medios y aclaró que la causa no tenía ninguna relación con el reportaje de Ciper sobre el carabinero infiltrado en la organización social de Lo Hermida. La aseveración generó dudas en Lorenzo Morales, abogado defensor de los imputados. Al finalizar el segundo día de audiencia, un adulto y un adolescente fueron puestos en libertad.
Han sido jornadas largas y extenuantes, y en los rostros de los nueve formalizados restantes ya se nota el cansancio. La jueza de la causa, Natacha Ruz, explica las razones de su resolución, mientras tres detenidos entrelazan las manos para rezar. El resto recibe el dictamen entre sollozos: medida cautelar de prisión preventiva para los siete adultos e internación provisoria en un centro del Sename para los dos adolescentes, por ser considerados un peligro para la sociedad.
Audiencia de formalización Caso Lo Hermida
En la sala 101, los imputados están en silencio y Lorenzo Morales trata de hablar pero es interrumpido por el fiscal y la magistrada. La audiencia de formalización se da por terminada a las 17:45 horas.
Minutos después, el abogado de la Defensoría Popular, y quien ha participado en importantes casos del Estallido Social como el de Alejandro Carvajal y Dante Carmona, conversó con este medio para entregar sus impresiones de la resolución, lo que viene y la supuesta existencia de un agente encubierto más en el caso, lo que trató de aclarar al finalizar la audiencia, sin ser escuchado.
-Lorenzo como abogado de los nueve imputados, ¿qué le pareció la resolución?
-Cuando comenzaron la investigación y las audiencias de este caso, invocando al artículo 292 del Código Penal, en donde se trata de asociación ilícita, nos preocupó porque es un artículo bastante antiguo y tiene un carácter político muy acentuado. Un grupo de personas con fines de carácter político, de reivindicatoria de sus derechos, no tendría por qué ser considerado una asociación ilícita, lo que ya nos parece grave (…) Aquí hay una desconexión, con respecto a esta resolución y con la realidad que está viviendo el país. Me parece inadecuada la forma en la que se realizó la audiencia, y también el resultado.
Considero grave que hayan quedado nueve personas en prisión preventiva, porque las pruebas que se muestran son segmentadas, ninguno de los vídeos que se presentó dura más de un minuto. Como dijo uno de nuestros representados, su único delito fue oponerse al gobierno de Piñera.
-¿Este caso tiene alguna relación con lo expuesto en el reportaje de Ciper sobre el carabinero infiltrado en la organización social de Lo Hermida?
-Eso está por verse. Sería bastante cómodo llamarlo a declarar abiertamente, ya que el fiscal puede limpiar su investigación, para saber por quién estaba facultado para ser agente encubierto. Si él quiere hacer eso es parte del principio de objetividad, espero que lo cumpla.
-Durante la audiencia, se mostraron imágenes de los vecinos imputados, dando a entender que fueron obtenidas por agentes encubiertos
-Claro, entonces el fiscal le puso otra nomenclatura, él le dice “agente diligenciador”, pero eso no está en el código, yo no sé lo que es un agente diligenciador, sino que un agente encubierto. Ví que las fotos eran muy cercanas, y él me decía que no eran agentes encubiertos, sino que todos los documentos de la carpetas son diligenciados por Carabineros. Dice “agente diligenciador”, y algunas ni siquiera tienen el nombre del agente diligenciador. Entonces nos aparecen las dudas pertinentes. Es como lo que ha ocurrido durante el Estallido Social, donde hay agentes encubiertos y ninguno autorizado por un juez de Garantía y con las instrucciones del Ministerio Público.
-Al finalizar la audiencia se refirió a la existencia de agentes encubiertos en el caso, ¿es así?
-Le pregunté al fiscal si en el caso había y si él había autorizado a un agente encubierto en la causa, me respondió que no, y se lo repetí dos veces. Obviamente se levantaron hipótesis en la prensa, incluso el ministro Víctor Pérez ha hablado bastante sobre el caso y posteriormente, el fiscal regional Manuel Guerra, también habló en la prensa y no es la primera vez.
Por eso en la audiencia solicitamos que se oficiara al fiscal regional, ya que necesitamos que Manuel Guerra aclare la supuesta existencia de dos agentes encubiertos en este caso, no obstante en la formalización nos dijeron que no habían. También solicitamos que se oficie al ministro del Interior, Victor Pérez Varela para que se pronunciara al respecto, ya que es mucho más grave. Nuestra posición es que un agente del Código Procesal Penal es distinto al de Inteligencia, que es el que plantea el gobierno. Vamos a insistir en aquello.
-¿Qué harán para revocar la medida cautelar?
-Nosotros vamos a ir de apelación, y estamos estudiando un recurso de amparo para que finalmente sea la Corte Suprema la que se pronuncie sobre esto, porque queremos llevar el tema de la asociación ilícita, y la existencia de estos presuntos agentes encubiertos.
-Al terminar la formalización, usted mencionó la situación de hostigamiento que estaba viviendo una de las abogadas defensoras del caso
-Conversamos que no lo íbamos a decir, pero como no estaban accediendo (tribunal) a la petición de oficiar al ministro Víctor Pérez Varela de que había un agente encubierto, y de qué características, ya que si es un agente encubierto con la Ley de Inteligencia pueden hostigar a los abogados, a los familiares, investigarlos, porque así lo contempla la Constitución.
-¿Cree que hay una persecución hacia estas personas por ser de Lo Hermida?
-Es más simple, hay una intención de criminalizar la protesta social, teniendo en consideración que el Ministerio del Interior es bastante presuroso en presentar una querella, y después comentarla, poniéndose el parche antes de la herida, avalando supuestos agentes encubiertos, que por lo menos en la audiencia se dijo que no habían y así se hace el cuadro perfecto que se viene judicializando desde octubre del año pasado.
