Anaís, clama por justicia en las tierras de Gabriela Mistral

¿Cuántas Anaís más deberán suicidarse para que de una vez por todas se le dé credibilidad al relato de la víctima? Según la Convención Belem Do Pará, a la que está suscrita nuestro país, Chile se obliga a garantizar a Anais y a todas las mujeres del territorio el derecho a vivir libres de toda forma de violencia.


Una adolescente Vicuñense de entonces 14 años de edad habría sido violada en la Pampilla de San Isidro de Vicuña el día 17 de septiembre del año 2018 por Daniel Soto, a quien conocía por amistades en común. 

Anaïs denunció la violación un mes después tras contarle a una profesora de su colegio quien se comunicó con su madre, y juntas (madre e hija) concurrieron a la PDI para hacer la denuncia. Anais confesó además que el presunto agresor constantemente la amenazaba y que, de hablar, le haría daño a ella y a su familia, lo que la obligó a guardar silencio. Ella sabía que él era violento y que tenía un amplio prontuario policial.

Más tarde el caso fue archivado provisionalmente en mayo del año 2019 pues el Ministerio Público estimó que no existían antecedentes suficientes para realizar diligencias conducentes para el esclarecimiento de los hechos. Por su parte la familia declara nunca habérsele comunicado el archivo de la causa de su pequeña Anaís. Mientras tanto, la menor se sumió en una profunda depresión que la llevó en dos oportunidades a intentar quitarse la vida, logrando su triste objetivo el 27 de junio del 2020. Junto a su cuerpo en el bolsillo de su pantalón, la adolescente portaba una carta en la que contaba que nadie la habría apoyado y que la decisión de quitarse la vida fue por causa de Daniel Soto, quien actualmente se encuentra cumpliendo condena en la cárcel de Huachalalume de La Serena por otros delitos. ¿Cómo se explica la existencia de estas falencias cuando hay víctimas menores de edad?, ¿existe protección suficiente para las víctimas de delitos sexuales que se atreven a denunciar? ¿Por qué nunca la derivaron al Servicio Médico Legal?

¿Por qué la fiscalía no investigó rastros de lesiones? ¿A caso la intimidación no es también una forma de comisión de una violación?, entonces ¿es realmente necesario que existan estas lesiones para ocurra una violación? ¿Por qué el tiempo que se toma la víctima para develar una agresión sexual le quita credibilidad a su denuncia? ¿Cuántas Anaís más deberán suicidarse para que de una vez por todas se le dé credibilidad al relato de la víctima? Según la Convención Belem Do Pará, a la que está suscrita nuestro país, Chile se obliga a garantizar a Anais y a todas las mujeres del territorio el derecho a vivir libres de toda forma de violencia. El Estado y sus órganos tiene la obligación de cumplir dicho mandato. Pero el Estado le falló a Anaís y hoy debemos reconstruir el calvario de sus últimos días. Tras conocerse la historia de su suicido, la causa fue reaperturada y la familia dedujo querella criminal en contra de su presunto agresor. #JusticiaParaAnais

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