Amnistía Internacional: “El gobierno presentó más de mil demandas judiciales contra manifestantes que podrían ser actos de hostigamiento político”

En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional ratificó los diferentes focos en los que el Estado de Chile mantiene vulneraciones. Entre ellos, destacó la mantención del uso excesivo de la fuerza por parte de las policías, además de la especial afectación del Covid-19 en la población más vulnerable. El informe es demoledor sobre la situación de los pueblos originarios, migrantes y población LGBTI.


Este miércoles Amnistía Internacional (AI) presentó una nueva versión de su informe anual sobre la situación de los derechos humanos a nivel mundial. En el documento rescató que el Estado de Chile mantiene un uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales.

“Las manifestaciones masivas continuaron desde enero hasta mediados de marzo, con múltiples incidentes nuevos de uso excesivo de la fuerza. Se presentaron al menos dos nuevas demandas penales por presuntos crímenes de lesa humanidad contra el presidente Piñera y otros altos cargos”, señala.

El diagnóstico de la ONG se vuelve preocupante, sobre todo por la impunidad alcanzada en varios reconocidos casos de violaciones de derechos humanos. Al respecto, el propio director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, reconoció en marzo que el “Estado no está cumpliendo con sus deberes para con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición“.

En esa línea, AI enfatizó también remarcó el actuar confrontacional del gobierno frente a las posiciones disidentes. “Presentó demandas judiciales contra más de mil manifestantes amparándose en la Ley de Seguridad del Estado, lo que no se ajustaba al derecho
internacional de los derechos humanos y podía dar lugar a actos de hostigamiento político”, apunta.

Especial afectación a migrantes y pueblos originarios

Dentro de los puntos destacados por la ONG internacional, destacaron diferentes vulneraciones a comunidades especialmente vulnerables.

Por ejemplo, el informe destacó el acto de odio vivido en Curacautín en agosto de 2020. Aquello, en el marco de una toma de la municipalidad a favor de una huelga de hambre de comuneros mapuche. “Todas las personas mapuche fueron detenidas, pero ninguna instancia del gobierno ni de la policía actuó contra los particulares que habían participado en actos contra ellas”, remarca.

A lo anterior se sumó además los malos tratos a parte de la población migrante residente en Chile. Para ello recordó el “plan humanitario de regreso ordenado”, cuya condición para los migrantes salientes era no regresar en 9 años al país, lo que fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo.

Esto mismo se replicó durante febrero, cuando más de cien extranjeros fueron expulsados por el gobierno. “Es para que las personas que vienen a Chile sepan a lo que vienen”, afirmó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, en aquella ocasión.

Revisa el informe completo a continuación (Chile está en la página 143):

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