Alimentación como un derecho social en la nueva constitución

Foto: Agencia Uno

Las limitaciones  de la estrategia alimentario-social fueron parte de las reivindicaciones expresadas en el despertar social de octubre 2019, con un lienzo expuesto en el frontis de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Chile que declaraba: “¡Violento es que más del 50% de nuestr@s niñ@s tengan exceso de peso!” enfáticamente señalando que como los muchos otros pactos sociales minimalistas característicos del neoliberalismo, no se estaba cumpliendo con la definición de Marshall (1965) de derecho social de permitir vivir según los “estándares de la civilización vigente”.


El debate político en la temática alimentaria de las primeras dos décadas del siglo XX fue marcado por la denominada “Cuestión Social” refiriéndose a condiciones nutricionales deficientes, un contexto donde la desnutrición infantil (hambre) se estimaba en un 50%.

Convencidos que sin una adecuada nutrición durante la infancia no se lograría una población adulta preparada para el desarrollo, y sumado a preocupaciones por justicia social, se formó un amplio consenso entre la elite política, económica y médica en que el rol del Estado debía incluir el garantizar acceso a una mínima cantidad de calorías y proteínas para niñas, niños, embarazadas y nodrizas lo que dio origen a programas universales, sin focalización ni criterios mínimos. Estos programas, que incluían la entrega de leche en consultorios, almuerzos escolares y un sistema de temprana detección de la desnutrición, se masificaron a mediados de siglo y fueron extremadamente exitosos, ya que los índices de desnutrición disminuyeron desde un 37% en 1960 a un 2,9% en 2000.

Esto implicó un gran esfuerzo estatal que además de acuerdos requirió grandes niveles de coordinación intersectorial. A modo de ejemplo, para posibilitar la entrega de leche en consultorios, hubo que fomentar el crecimiento del sector lechero, extender infraestructura vial y de agua potable, mantener tarifas protectoras de la competencia internacional y hasta salir de los consultorios a reclutar beneficiarias casa a casa (Goldsmith Weil 2019; 2017).

En temáticas de derechos alimentarios, el gobierno de la Unidad Popular fue marcado por un choque en cuanto a las definiciones de seguridad alimentaria, la posibilidad de acceder a alimentos o su disponibilidad en el mercado. Por un lado, como evidencian testimonios de ciudadanas del periodo, el aumento en la calidad real de vida permitió a muchas familias por primera vez “comer bien”; por otro lado, la masiva Marcha de las Cacerolas Vacías para protestar contra el desabastecimiento de alimentos en el mercado (Frens-String 2021).

Si bien la dictadura e imposición de un modelo neoliberal implicó un recorte en el gasto social y truncó la conversación sobre ampliación de derechos alimentarios, se ha mantenido un acuerdo sobre el compromiso estatal con la entrega de un colchón nutricional infantil, un entendimiento que, impulsado desde finales de la década de los 80’, se hace anacrónico a la realidad nutricional actual del país que experimenta una creciente epidemia de obesidad: para el 2020, más de un 50% de escolares estaba en una condición de obesidad o sobrepeso (JUNAEB, 2020).

Las limitaciones  de la estrategia alimentario-social fueron parte de las reivindicaciones expresadas en el despertar social de octubre 2019, con un lienzo expuesto en el frontis de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Chile que declaraba: “¡Violento es que más del 50% de nuestr@s niñ@s tengan exceso de peso!” enfáticamente señalando que como los muchos otros pactos sociales minimalistas característicos del neoliberalismo, no se estaba cumpliendo con la definición de Marshall (1965) de derecho social de permitir vivir según los “estándares de la civilización vigente”.

El proceso constituyente abre una posibilidad única de re-acordar nuestros pactos sociales y en derechos alimentarios. Muy en línea con tratados internacionales de Naciones Unidas, proponemos que se consagre como derecho universal (sin focalización de género, etnia, ingresos ni grupo etario) una alimentación saludable, producida de forma sustentable y culturalmente pertinente.  Esto permitiría comenzar un camino hacia un diseño de políticas públicas intersectoriales holísticas sanas para nuestros cuerpos, campos y economías; la revalorización de lo local y el respeto a las individualidades.

Referencias citadas

FAO, (2019). La FAO recomienda incluir el derecho de la alimentación en la constitución chilena. En FAO. http://www.fao.org/chile/noticias/detail-events/es/c/1257185/?fbclid=IwAR0TcvxMT0XWc2JW3Y7urUFBug5gLnTc3jSBUwH7arx4M0G1ZfGtybG783g.

Frens-String, J. (2021). Hungry for Revolution: The Politics of Food and the Making of Modern Chile. University of California Press. https://www.ucpress.edu/book/9780520343375/hungry-for-revolution

Goldsmith Weil, J. (2017). Milk Makes State: The Extension and Implementation of Chile’s State Milk Programs, 1901-1971.  Historia 50 (I). http://revistahistoria.uc.cl/index.php/rhis/article/view/7556

Goldsmith Weil, J. (2019). Ciudadanas de leche: Una primera línea del Estado social chileno, 1954-2019.  Economía y Política 6 (2):101-132. doi: DOI: 10.15691./07194714.2019.008. http://www.economiaypolitica.cl/index.php/eyp/article/view/84

JUNAEB (2020). Mapa Malnutrición 2020. Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. https://www.junaeb.cl/wp-content/uploads/2021/03/MapaNutricional2020_.pdf.

Rodriguez, L. y Aranda, J. (2020). Derecho a la alimentación en la constitución chilena. Fundamentos y conceptos participativos. Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe (ODA-ALC). http://www.saludpublica.uchile.cl/escuela/programas-academicos/174818/estudio-derecho-a-la-alimentacion-en-la-constitucion-chilena

Vivero Pol, J. L. (2015). Transition towards a food commons regime: re-commoning food to crowd-feed the world. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2548928

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