Ahora el Estado ejercerá sus atribuciones en materia de control de los inmuebles fiscales

Lo más interesante del proyecto es que las futuras enajenaciones de estos inmuebles, cualquiera sea su situación o destino, se sujetarán al procedimiento regular contenido en el Decreto Ley N°1.939 del año 1977, lo cual significará el término de las decisiones discrecionales de aquellos generales activos que ejercen el poder militar, lo cual nos colocará a la altura de los países serios del primer mundo, en donde el poder civil es el que resuelve.


Desde hace un buen tiempo estamos criticando con publicidad en algunos medios de prensa independientes al sistema político de ambos bandos, por permitir en los hechos, que tanto las 3 ramas de las FFAA, como Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), durante muchos años hayan estado ofreciendo en el mercado inmobiliario los inmuebles fiscales denominados Patrimonios de Afectación Fiscal (PAF), los que les han sido asignados gratuitamente por el Estado para sus propios y exclusivos fines institucionales. Está claro que no solo se venden en millonarios precios esos inmuebles, sino, asimismo, creyéndose dueños de los mismos, los arriendan a vista y paciencia de la institucionalidad. Este asunto está descrito en link

Dos significados para la sigla PAF – La Voz De Los Que Sobran

Como consecuencia del estallido social de octubre de 2019 y conscientes de que la nueva Constitución debe valorar los intereses de toda la ciudadanía, vale decir sin exclusión alguna, un grupo de animosas mujeres feministas se organizaron y le dieron vida legal a un partido político instrumental denominado Partido Alternativa Feminista (PAF), inscrito en el Servicio Electoral.

Afortunadamente los abogados Francisco Feres y Sergio Vergara, ex subsecretario de Bienes Nacionales, tomaron el toro por las astas y decidieron preparar un proyecto de ley para que se regularice este asunto tan gravitante. Para tal propósito se utilizó la documentación histórica que maneja el arquitecto Miguel Lawner, ex presidente de la Corporación de Mejoramiento Urbano (Cormu) durante el gobierno de Salvador Allende. Así fue como dicha moción parlamentaria se le entregó hace unos 20 días atrás a los diputados Rodrigo González (PPD) y Tomás Hirsch (Acción Humanista) para que lo revisaran con sus abogados asesores.

Los expertos de ambos diputados, abogados Paulo Pérez y Daniela de la Jara, respectivamente, afinaron con sumo acierto el proyecto, el que fue presentando el pasado jueves 27 de mayo en el Congreso Nacional en Valparaíso, acto que fue cubierto por algunos medios de prensa. 

Los diputados (as) Alejandra Sepúlveda (FRVS), Gonzalo Winter (CS), Maya Fernández (PS), Carmen Hertz (PC), Jorge Brito (RD) y Gabriel Ascencio (DC) también apoyaron dicha necesaria iniciativa que tiene el título de “Proyecto de Ley que modifica leyes 18.712, 18.713, y 18.714 en materia de destinación y enajenación de bienes inmuebles que forman parte del patrimonio de afectación fiscal (PAF), administrados por los servicios de bienestar de las Fuerza Armadas, Carabineros e Investigaciones”.

Lo más interesante del proyecto en comento es que las futuras enajenaciones de estos inmuebles, cualquiera sea su situación o destino, se sujetarán al procedimiento regular contenido en el Decreto Ley N°1.939 del año 1977, lo cual significará el término de las decisiones discrecionales de aquellos generales activos que ejercen el poder militar, lo cual nos colocará a la altura de los países serios del primer mundo, en donde el poder civil es que resuelve.

Así las cosas, suponiendo que no debería tener detractores, esperamos que pronto el Congreso Nacional apruebe este indispensable proyecto de ley.

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