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Opinión

Acusación Constitucional contra Figueroa: el grave problema de financiamiento de las escuelas

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Ministro Figueroa

Son millones de estudiantes a lo largo de Chile para los cuales no hay respuesta ni justificación evidente. La magnitud del problema y la cantidad de recursos involucrados hacen inverosímil que no haya responsabilidad del ministro Figueroa.


En torno a la Acusación Constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, se han construido caricaturas y falsas oposiciones que impiden ir al fondo de los problemas expuestos: la crisis de la educación y las comunidades educativas, agudizada por el mismo secretario de Estado. En estas líneas iremos a uno de los puntos críticos: las subvenciones escolares, su regulación y la disminución en el financiamiento de los establecimientos educacionales.

La Acusación Constitucional cita un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional que muestra la variación del monto de subvenciones escolares entre 2019 y 2020. En lo referido a la Subvención General dice que 48,58% de los establecimientos recibieron menos ingresos en el pandémico 2020, versus 2019. En el caso de los establecimientos municipales el desfonde que muestra es todavía más profundo: 54,02% recibió menos recursos.

La defensa del ministro Figueroa sobre el punto es irrisoria. Se escuda en promedios y señala que “las subvenciones siguen a los niños”. Dice incluso que, del total de establecimientos que recibieron menores ingresos, el 75% se explica porque su matrícula promedio disminuyó en relación con el 2019. Pero en ninguna de sus 300 páginas aclara qué ocurrió con el 25% que omite, un cuarto del sistema educativo perjudicado que no se explica por disminución de matrícula.

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Con lupa, y en base a los datos oficiales del Mineduc, detectamos que -más allá de los 6.774 establecimientos con disminución en alguna subvención- hay 1.591 que, manteniendo o incluso aumentando matrícula, bajaron sus ingresos por concepto de Subvención General. Y que, en suma, son 4.643 las escuelas del país (correspondientes al 44% del sistema escolar subvencionado) donde la subvención disminuyó proporcionalmente más que la matrícula, afectando los recursos asociados a cada estudiante. Es decir, ni aún bajo la lógica del ministro la subvención “siguió” a las y los niños y adolescentes.

Esto no considera el detalle de las disminuciones por subvención del Programa de Integración Escolar (PIE), ni tampoco las asociadas a la Subvención Escolar Preferencial (SEP), dirigidas a estudiantes vulnerables, las que sufrieron bajas reales por más de $3 mil millones entre un año y otro. Estos recortes han tenido efecto de manera particular en las comunidades educativas, impactando sobre las remuneraciones de docentes y asistentes de la educación; en la distribución de horas lectivas y no lectivas; en menores recursos para la contratación de especialistas que atienden las necesidades educativas especiales de miles de niñas, niños y adolescentes.

Todos estos antecedentes presentados en la Acusación no son abordados con debida diligencia en la contestación de la defensa de Figueroa. Hablamos de miles de establecimientos afectados, tanto públicos como privados. Son millones de estudiantes a lo largo de Chile para los cuales no hay respuesta ni justificación evidente, con el agravante de la pandemia, cuando los establecimientos y las comunidades educativas requerían (y requieren) de mayor apoyo. La magnitud del problema y la cantidad de recursos involucrados hacen inverosímil que, por acción u omisión, no haya responsabilidad por parte del ministro Figueroa.

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Opinión

Que el derecho a la vivienda sea norma constitucional

El proceso Constituyente abre una posibilidad única para abordar el problema habitacional y de planificación urbana dentro de un marco normativo que otorgue especial relevancia a los derechos fundamentales, en este caso, al derecho a la vivienda y la ciudad.

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Para un alto porcentaje de la población residente en Chile la vivienda es un derecho inalcanzable; especialmente para las mujeres populares que tienen empleos precarios, sin contrato laboral o trabajan dentro del hogar con escasas posibilidades de ahorro.

En la actualidad, Chile está en una crisis profunda de vivienda. Según la Cámara Chilena de la Construcción, el déficit habitacional alcanza las 739.603 viviendas. A estas cifras, es importante sumar el alza en el número de campamentos, que es parte de las consecuencias de la crisis sanitaria y económica producto de la pandemia de Covid-19. El catastro nacional de campamentos 2020-2021 elaborado por Techo-Chile y la Fundación Vivienda, indica la existencia de 969 campamentos en el país, en los que habitan más de 80 mil familias. Esto corresponde a un 73,5% de aumento en el número de familias que habitan los asentamientos informales, en comparación con el catastro del MINVU del 2019.

Existen diversos aspectos que hacen aún más compleja la solución a un problema que se debe resolver con una mirada que va más allá de la mera construcción de unidades habitacionales. La calidad y localización de las viviendas, las características de segregación de los barrios, y el acceso a bienes y servicios de calidad, son algunas de las discusiones que se dan hoy en diversos espacios que problematizan el quehacer sobre la vivienda, ciudad y territorio. La política pública de orientación neoliberal implementada durante los últimos 40 años en el país, debe reformularse ante el nuevo escenario político nacional e incluso global, con un cambio climático que afecta la convivencia y sus relaciones.

Sucesivos gobiernos han intentado dar solución al tema que guía estas líneas, lamentablemente sin éxito hasta la fecha. Al contrario, la pandemia y las consecuentes restricciones sanitarias de aislamiento y confinamiento expusieron y aumentaron las brechas sociales, una de ellas, la desigualdad provocada por una escasa planificación urbana. Durante años, la solución ha estado centrada en la reducción del déficit habitacional a través de la entrega de viviendas, con escasez de disponibilidad de terrenos fiscales que permita el adecuado desarrollo de proyectos de vida para los sectores populares.

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La insuficiente calidad de las viviendas, su localización periférica o en barrios segregados, la falta de áreas verdes y su preocupante aislamiento de servicios básicos como educación, salud y transporte de calidad, son síntomas de la ausencia de planificación urbana y de un efectivo derecho a la ciudad.

En ese sentido, el proceso Constituyente abre una posibilidad única para abordar el problema habitacional y de planificación urbana dentro de un marco normativo que otorgue especial relevancia a los derechos fundamentales, en este caso, al derecho a la vivienda y la ciudad. Esto permitirá avanzar sustantivamente en los desafíos de desarrollo que tenemos como país y otorgar mayores facultades a la nueva administración que asume en marzo 2022.

Por estas razones, adquiere vital importancia la presentación de la iniciativa popular de norma constitucional 41.126 “Pobladoras y pobladores por el derecho a la vivienda digna”. Esta iniciativa es producto de la articulación y trabajo colectivo de un grupo de convencionales, en conjunto con los movimientos sociales y profesionales especialistas del área, que reivindican el derecho a la vivienda y ciudad.

Las ideas fuerza que guían esta propuesta sobre el Derecho a la Vivienda plantean nudos críticos a discutir en la convención. En primer lugar, la propuesta aborda el rol fundamental del Estado en la planificación y construcción de la ciudad, y en el aseguramiento progresivo del acceso universal de la población a vivienda y hábitat de calidad. Además, la iniciativa aborda la función social y ecológica de la propiedad del suelo, abriendo la discusión sobre un tema profundo y vital para el desarrollo de una adecuada política pública, que permita construir viviendas y ciudades priorizando los fines públicos y sociales en el uso, ocupación y transformación del suelo urbano.

Con el fin de abordar el problema de la aparente escasez de suelo bien localizado para la construcción de viviendas sociales, la iniciativa propone la creación de un banco de suelos públicos, una tarea pendiente que hoy se ha instalado con fuerza en la discusión académica y en la agenda pública. Por último, la propuesta destaca, como eje central, la producción social del hábitat, que permita reconocer el rol de las comunidades en la producción de la ciudad y garantizar la participación popular en los procesos de planificación y construcción democrática, y con perspectiva de género, de un hábitat digno para todas y todos.

Hoy existe amplio y transversal consenso respecto de la deuda que tenemos como país respecto de estas problemáticas. Por lo anterior, las organizaciones sociales y quienes trabajamos en temáticas de vivienda y ciudad valoramos el aporte al debate que instala esta iniciativa popular de norma. Esta propuesta, ingresada a la convención desde diversas organizaciones y posicionamientos políticos, debiera abrir el camino que nos guie a generar puentes, espacios de dialogo y que nos oriente a un nuevo pacto urbano que reconozca el protagonismo popular (el mismo que por estos días canaliza apoyos desde mesas instaladas en diversos lugares de las ciudades de nuestro país) como motor de estas transformaciones para nuestra nación, para nuestro país.

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Las brutalidades de Checho Hirane y el oportunismo de La Red

Gutiérrez y su gente construyeron una contraprogramación, luego del estallido social, que si bien ha estado marcada con lo que podríamos llamar ideas progresistas, más que nada insistió en alojar todo tipo de reclamo, grito estridente, incluso de esa derecha que se sentía al margen de la “oficial” (aunque ambas, en el fondo, comparten básicamente la misma premisa ideológica), representada por Hirane y todo personaje que desde un comienzo apostó por la figura de José Antonio Kast para presidente de la República.

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Debido a unas declaraciones en las que Checho Hirane, humorista y comunicador, en su programa de Radio Agricultura llamó al empresariado a obstruir las acciones del futuro gobierno que él considera “malas para el país”, es que el otro medio en el que trabajaba hasta la semana pasada, La Red, decidió terminar su contrato antes de tiempo.

Como siempre sucede con hechos como estos, hubo quienes felicitaron al canal por tomar una decisión política en contra de lo que algunos vieron como un llamado a la sedición, y también personas que acusaron censura de parte del canal privado, llevando, obviamente,  más allá el argumento al extremo de vaticinar, con esto, un futuro oscuro para la libertad de expresión en los próximos años de la administración de Gabriel Boric. Estos últimos sujetos, lógicamente, pertenecen a ese grupo que se autodenomina patriota.

Si uno se detiene en las palabras de Hirane, claramente son antidemocráticas por llamar a un poder de facto, de empresarios que se eligen entre ellos, a poner trabas a un gobierno electo bajo todas las instancias legítimas que un estado de derecho establece. Según este personaje de la ultraderecha, un gremio, sin más validez que la de tener integrantes dueños de grandes empresas, puede establecer qué es bueno o no para Chile, pensando primero en lo que cree que es bueno para una elite económica; idea que determinó el raciocinio político chileno por años, pero que no por eso resulta más aceptable. Menos en días como los que vivimos.

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Sin embargo, parece un poco cínico extrañarse de esto cuando contrataste a una persona casi por las mismas razones. Es raro, o al menos un poco oportunista, por decirlo de alguna manera, jugar al héroe cuando sabes que hay un terreno propicio para hacerlo sin obtener más que halagos.

Es cierto, es televisión, y en momentos como estos debes jugar para ser aceptado por el clima  tajante y líquido que mueve la opinión de las redes sociales, lo que Víctor Gutiérrez, con la nueva programación del canal que dirige, ha hecho a la perfección. Pero a veces hay que detener los sueños épicos cuando estos tienen el peligro de transformarse en pesadillas.

Gutiérrez y su gente construyeron una contraprogramación, luego del estallido social, que si bien ha estado marcada con lo que podríamos llamar ideas progresistas, más que nada insistió en alojar todo tipo de reclamo, grito estridente, incluso de esa derecha que se sentía al margen de la “oficial” (aunque ambas, en el fondo, comparten básicamente la misma premisa ideológica), representada por Hirane y todo personaje que desde un comienzo apostó por la figura de José Antonio Kast para presidente de la República. Y una de las particularidades de esa derecha es precisamente decir todo tipo de brutalidades como si fueran el sentido común.

Por lo que, antes de levantar todo tipo de héroes o luchadores por la democracia, a veces hay que aterrizar un poco los argumentos y ver que muchas acciones están más cerca del simple aprovechamiento de la ocasión, que de algún interés superior. Porque eso a veces no es más que una excusa para quedar en el lado correcto de la historia

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Irina Karamanos: el cargo de Primera Dama no necesita ser reformulado, debería ser erradicado

La decisión de Irina Karamanos de asumir el rol de Primera Dama es tan contradictorio como criticar a los concursos de belleza por el histórico rol cosificador y machista que han cumplido en la inferiorización dirigida hacia el cuerpo de las mujeres y al mismo tiempo presentarse a concursar a uno de ellos para supuestamente cambiarlo desde dentro. 

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Irina Karamanos es cientista política, líder del Frente Feminista de Convergencia Social, una mujer profesionalmente muy bien preparada, quien es conocida por ser la pareja del Presidente Gabriel Boric. Ella al ser consultada por el cargo de Primera Dama expresó, inicialmente, cierta distancia con este rol, señalando que es una función que debería ser repensada. Hoy su decisión fue la de asumir dicho cargo, pero con el compromiso explícito de transformarlo desde dentro.

Desde un análisis puramente semiótico, sin acudir a los antecedentes históricos patriarcales que la configuran, la institucionalidad de la Primera Dama es una construcción político-cultural con un significado altamente sexista y colonial, conformado por la idea de que existe una mujer poseedora de un nivel de importancia mayor a todas las demás, donde su sobrevaloración es por el solo y único hecho de ser la pareja del Presidente de la República.

A su vez, es una noción profundamente discriminadora de la diversidad sexual, pues se asume implícitamente que el Presidente es un hombre y que por ende su acompañante sexo-afectivo debe ser una mujer heteronormada. En consecuencia se asume a la pareja del Presidente como una “dama”, la cual debe cumplir con los estándares esperados en todos los ámbitos estéticos, económicos, culturales, morales, tal como ha venido siendo durante prácticamente toda la historia de los Presidentes electos (con excepción de la expresidenta Michelle Bachelet, quien designa en este cargo a su hijo Sebastián Dávalos).

Estos estándares esperados para el rol de Primera Dama son los de una mujer heterosexual, blanca, de clase alta, con estudios universitarios, vestida con una estética tradicional, compuesta en la utilización del lenguaje, todo lo que Irina Karamanos en su rol de líder feminista -supongo- no querría interpretar, pero que lo termina por encarnar y peor aún, lo acepta representar. 

La decisión de Irina Karamanos de asumir el rol de Primera Dama es tan contradictorio como criticar a los concursos de belleza por el histórico rol cosificador y machista que han cumplido en la inferiorización dirigida hacia el cuerpo de las mujeres y al mismo tiempo presentarse a concursar a uno de ellos para supuestamente cambiarlo desde dentro. 

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Esta no es una lógica sustentable ni creíble, pues hay instituciones que han sido confeccionadas desde el trato subordinado y el menosprecio hacia las mujeres, como es el caso del rol de la Primera Dama, donde la única mujer que logró efectivas cuotas de poder desde esta posición subalterna fue Lucía Hiriart, esposa del exdictador Pinochet, poder que utilizó para desfalcar al Estado y enriquecerse de manera personal. Por tanto, el rol que asume Irina Karamanos trae consigo este relato histórico que exige no la reformulación de funciones, sino que sencillamente su erradicación desde todas las esferas epistémicas.

Un ejemplo que respalda lo anterior fue cuando el Presidente Gabriel Boric hizo una aclaración al medio de comunicación Mega, quienes refirieron a Irina Karamanos como la “polola del Presidente”. Boric les corrige a través de redes sociales, señalándoles que su pareja tiene nombre y que debemos acostumbrarnos a respetar la agencia que tiene cada mujer por sí misma.

Estuvo muy bien el Presidente en su breve discurso, pues denota una lectura crítica de cómo el lenguaje sexista de los medios de comunicación reproducen el machismo y la misoginia.

Siguiendo la línea de reflexión planteada por Boric ¿cuál es la agencia del rol de la Primera Dama? Es posible reconocer un valor por sí mismo a un cargo que nadie elige y que sólo existe en razón de la relación afectiva con el Presidente? Y si dicho rol fuese transformado para darle mayor peso político, estaríamos frente a una función que adquiere más poder, donde habría una mayor transferencia de recursos por parte del Estado?

Seguramente Irina Karamanos tiene una planificación bien estructurada para esto, sin embargo, mi posición es que el peso histórico, cultural y colonial que posee la condición y el rol de Primera Dama no es transformable, sino que la verdadera subversión consistiría en erradicar este cargo que la inferioriza no sólo a ella, sino que a la mayoría de quienes estamos abogando por deshacer las categorías culturales que nos menosprecian.

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