Acerca del retiro de parte de las pensiones

Acerca del retiro de parte de las pensiones

Si el Gobierno hubiera hecho el primer pago de un Ingreso Familiar de Emergencia a inicios de abril, con un monto mínimo de 100.000 por persona y sin manipular los datos para incluir realmente a un 70% de la población, esto no habría pasado. Las personas no preferirían amputarse una pierna para comérsela y sobrevivir, porque eso es lo que significa retirar el 10% de las escuálidas pensiones que tiene la inmensa mayoría. Si una persona ha acumulado 10 millones, para retirar el 10% (1 millón) deben liquidarse precipitadamente sus fondos repartidos en diversos activos, por lo que serán penalizados, y al final, no le quedarán 9 millones.

Lo que ocurre con las pensiones es una tragedia de alrededor de 40 años, que se inserta dentro de una trama de bajos salarios hasta el 2007, menores al jornal real de $ 8,1 de 1969 (Matus, 2020) , de una muy elevada desigualdad hasta 2006 (sobre 0,50 de Gini) y que recién en 2017 se redujo a 0,47, el existente en 1969 (CASEN, 2017), y de una gigantesca concentración de la renta en manos del 2% de la población más rica del país, que de capturar el 30,9% del PIB en 1972 lo elevó a un 49,7% en 2014 (Alarco, 2017).

Los mecanismos de extracción de la renta de los trabajadores básicamente fueron dos: 1) Su precarización en términos de derechos y contratos, que se reflejó en una enorme caída de los salarios reales durante 40 años hasta 2008, y 2) Una impresionante desviación de recursos públicos recaudados desde impuestos pagados por los más pobres -y que fueron arrebatados a la oferta de bienes públicos fundamentales (educación, salud, pensiones)- para ser entregados a una oferta privada con fines de lucro de esos mismos bienes. Los ricos se hicieron mucho más ricos no sólo aprovechándose de la enorme debilidad de los sindicatos y castigando severamente los salarios, sino además lucrando con servicios sociales que quedaron profundamente segmentados en términos de calidad.

Por eso las pensiones que las personas obtienen al jubilarse no representan más de 1/3 del último sueldo que obtuvieron, cuando en el mundo esa cifra no baja de 2/3 e incluso se acerca al 100% en muchos casos. Los factores puntuales que provocan estas bajísimas pensiones son los siguientes:

1-Enorme precariedad laboral. Alrededor de un 70% de los trabajadores chilenos no cuenta con contrato estable, por lo que periódicamente tienen períodos de desempleo que generan vacíos previsionales.

2-Bajos salarios, menor al de 1969 hasta 2007, y que a raíz del estallido social y la pandemia volverán a bajar, en la medida que aumentará el desempleo. Como son tantos años con bajos salarios, las cotizaciones pasadas ya aportaron muy poco.

3-Descarado populismo de los Chicago Boys y sus seguidores neoliberales, que para «vender» el sistema de la AFP, prometieron reducir de 20% a 10% el porcentaje que cada trabajador debía extraer de su sueldo y aseguraron pensiones más elevadas, cuando la evidencia internacional es concluyente en demostrar que para lograr una pensión equivalente al menos a un 60% del último sueldo se debe aportar al menos un 20% del sueldo durante la vida laboral.

4- A todo lo anterior se agrega la existencia de un sistema de capitalización individual administrado por las AFP´s, bajo reglas del juego que favorecen a éstas y castigan a los cotizantes (altas comisiones, traspaso de pérdidas y no de beneficios plenos, uso de los ahorros de los trabajadores para créditos dirigidos a las mismas empresas en manos del 2% más rico, etc.).

Es imposible elevar las pensiones al menos a un 60% del último sueldo) sin subir la cotización a un 20% del sueldo, sin recuperar la estabilidad laboral para un mayor porcentaje de trabajadores, sin salarios mínimos y medianos más elevados (hoy muy menores a países que tienen o han tenido el mismo PIB per cápita de Chile (Durán y Kremerman, 2018) y sin pasar a un sistema mixto, en el que conviva un sistema de reparto intergeneracional con unas AFPs totalmente reconvertidas bajo una nueva regulación. Si se camina en esa dirección y se combina lo mejor -y elimina lo peor- de los 2 sistemas, se tendrán pensiones más altas.

Pero mientras esto no ocurre, la gente está desesperada. Si el Gobierno hubiera hecho el primer pago de un Ingreso Familiar de Emergencia a inicios de abril, con un monto mínimo de 100.000 por persona y sin manipular los datos para incluir realmente a un 70% de la población, esto no habría pasado. Las personas no preferirían amputarse una pierna para comérsela y sobrevivir, porque eso es lo que significa retirar el 10% de las escuálidas pensiones que tiene la inmensa mayoría. Si una persona ha acumulado 10 millones, para retirar el 10% (1 millón) deben liquidarse precipitadamente sus fondos repartidos en diversos activos, por lo que serán penalizados, y al final, no le quedarán 9 millones.

Sin embargo, la mayor parte de los chilenos, ante la incompetencia y atraso con que llega el Estado, no tiene otra fórmula para financiar los gastos más urgentes. No obstante, probablemente muchos chilenos, al cabo de 4 décadas de lucro y aprovechamiento por parte de las AFPs -y dentro de la narrativa general de desigualdad y de concentración de la riqueza que he sintetizado- lo único que quieren es verlas desaparecer y ven en este retiro un pequeño triunfo para erosionar su poder. No ver ese aspecto de simbolismo político es un error, con todo lo terrible que es. Es un espectáculo triste, que debe hacernos reflexionar seriamente sobre las urgentes transformaciones que se requieren y que hacen imposible obstaculizar el proceso constituyente, que es lo único que puede canalizar políticamente todas estas transformaciones institucionales. Más que nunca, se requiere un fundamental cambio en las reglas del juego.

Referencias:

Matus, Mario (2020). Desigualdad. La grieta que fractura la sociedad chilena. Mauricio Folchi (ed.). Chile despertó. Lecturas desde la Historia del estallido social de octubre. Santiago. Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo y Departamento de Ciencias Históricas, Universidad de Chile.

CASEN (2017). Encuesta de caracterización socioeconómica. 2017. Santiago. Ministerio de Desarrollo Social.

Alarco, Germán (2017). Ciclos distributivos y crecimiento económico en América Latina., 1950-2014. Cuadernos de Economía, 36(72). Bogotá.

Durán, Gonzalo y Marco Kremerman (2018). Mini Salario Mínimo. El salario mínimo en Chile en perspectiva comparada. Santiago. Fundación Sol. Ideas para el buen vivir, n° 12.

Sobre el Autor

Mario Matus G.

Dr. Historia Económica. Asociado. Departamento de Ciencias Históricas. U. de Chile.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *