A dos años de Cúcuta: Piñera y su propaganda humanitaria sobre Venezuela

Este 22 de febrero se cumplen dos años de Cúcuta y sus efectos aún persisten en materia de responsabilidad de DD.HH. y relaciones internacionales. En particular, para Chile y el gobierno de S.P. que hoy debe enfrentar la crisis humanitaria de refugiados venezolanos en la frontera norte.  Y las razones son varias.


Primero, porque su participación allí fue una operación que buscó posicionar al Presidente como líder continental en la solución del conflicto venezolano, en una pugna de poder con el gobierno de Colombia por la alianza con la Casa Blanca. 

Para ello, su diseño estratégico contempló, por un lado, tomar el control en la creación de Prosur —como un nuevo foro latinoamericano para el desarrollo y la militarización de la seguridad interior de los estados partícipes—; y, por otro, el discurso de la política migratoria chilena de puertas abiertas. Ello significaba el compromiso permanente de la mal llamada ayuda humanitaria y la visa de responsabilidad democrática, además del apoyo al migrante en la Ruta de Quito. Estos fueron los elementos fundacionales de una falsa expectativa: un sistema y mercado migratorio de alta receptividad.

Segundo, porque la pretendida ayuda humanitaria no cumplía con los principios mínimos de imparcialidad, humanidad y neutralidad exigidos por los Principios de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas, el Consenso Europeo sobre Ayuda Humanitaria y las directrices para la realización del derecho a la alimentación, entre otros. Luego, no hubo una negociación de corredores para su transporte ni su distribución a través de agencias de Naciones Unidas. No se contempló el traslado de enfermos ni personal médico; menos la transferencia directa de recursos monetarios o de otro tipo a ONGS o sectores vulnerados. Tampoco, se diseñó el monitoreo y la contabilidad de su entrega, por ejemplo. Aquello, únicamente, se trató de donativos y triangulaciones de bienes en Cúcuta, Brasil y Curazao, cuyo destino aún se ignora y que en nuestro caso —con 102 millones de pesos del erario nacional gastados en mercadería y medicamentos en esa sola jornada— podría haber sido una exacción ilegal.

Tercero, porque la injerencia chilena en contra del gobierno de Maduro y el derecho a la paz de Venezuela no fue solo apoyar políticamente a las tropas norteamericanas que presionarían el ingreso de la referida ayuda, sino porque se participaba de una insurrección militar instigada desde Washington y develada por Juan Guaidó. Y eso fue, al menos, un principio de ejecución de un crimen de agresión tipificado desde el 2018 en el derecho penal internacional.

Cúcuta no fue solo el fracaso de la realpolitik chilena basada en ambiciones personales, sino el principio de una espiral invertida que conocemos desde el estallido de octubre: la responsabilidad política y penal de un gobierno que viola de manera sistemática o generalizada los derechos humanos, hechos que en unos años más pocos dudarán llamar criminalidad de lesa humanidad.


Giovanna Flores Medina es analista de política Internacional y consultora en Derecho Humanitario. Especialista en Derecho Internacional Humanitario y Derecho de Refugiados por Academia de DD.HH. de Ginebra e Instituto de Derecho Internacional Humanitario de San Remo, Italia. Ex correctora y subeditora de El Mostrador. Además es analista de política Internacional de medios electrónicos chilenos.

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