A 30 años de la Convención Sobre los Derechos del Niño ¿Puede estar seguro el mundo de que Chile cumple sus acuerdos?

Foto: Agencia Uno

Solo en los últimos 15 años han muerto 1.776 personas bajo protección del Estado, es decir, cada tres días muere un niño, niña o adolescente que está vigente en algún programa del Sename. El 29 de julio, el femicidio de Ámbar Cornejo de 16 años, aumentó esta lista. Ella era una adolescente que estaba en el Programa de Intervención Especializado (PIE) del Organismo Colaborador del Sename Gabriela Mistral de Serpaj, donde “desconocían los antecedentes de riesgo”.

“El mundo puede estar seguro de que el Gobierno chileno cumplirá este acuerdo” dijo el presidente Patricio Aylwin ante 2.500 niños y niñas el 14 de agosto de 1990, cuando anunció la ratificación de la Convención Sobre los Derechos del Niño. Ayer se cumplieron 30 años de este compromiso.

El deber adquirido por Chile fue el de proteger a niños, niñas y adolescentes, asegurándoles, entre otras cosas, acceso a salud, educación y a vivienda digna. El país también se comprometió a que vivirían una vida libre de violencia, es decir, ninguno/a sería víctima de maltrato, de tratos crueles o degradantes. En términos administrativos y legislativos, el acuerdo obligaba al país a tomar las medidas necesarias “para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención”.

Pero han pasado tres décadas, seis gobiernos, más de 100 reformas constitucionales y casi 2.500 leyes, y una parte fundamental y decisiva del compromiso aún no se ha cumplido: No tenemos una Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.

Constantemente somos testigos del nivel de violencia que afecta a la infancia en Chile, y de los delitos atroces de los que son víctimas, y con la misma frecuencia volvemos al diagnóstico que ya todos conocemos: Chile es un país maltratador. Chile es un país que viola sistemáticamente los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.

A pesar de esto, su ratificación marcó un precedente importante en cuanto al modelo con el que se entendía la infancia, invitando a un cambio social, político y cultural que generó y sigue generando resistencia, pues hay quienes aún basan la relación entre adultos y niños/as en un modelo de subordinación, una relación asimétrica, donde por un lado, los adultos proveen de protección, cuidado y medios, y por otro, niños y niñas adeudan y deben obediencia. Una relación transaccional que no deja espacio al diálogo ni a la participación. Una relación no democrática. Una relación autoritaria que afecta la dimensión familiar, social e institucional.

Pero decir que permanecemos inmóviles en la hegemonía del sistema tutelar tampoco es preciso. A tropezones se ha avanzado en nuestra legislación y en la formulación de políticas públicas sobre infancia. La Ley de filiación única (1998), la creación de los Tribunales de Familia (2005), la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (2007), el surgimiento del programa Chile Crece Contigo (2009) , y la creación de la Defensoría de la Niñez (2015) son hitos importantes que han surgido a partir de la Convención Sobre los Derechos del Niño. Podríamos decir también que día a día son más quienes consideran que los niños y niñas son sujetos de derechos y desde ese enfoque se relacionan con ellos/as.

Sin embargo, si nos preguntamos qué ha pasado en 30 años, la respuesta es “toda una vida”. Toda la infancia, adolescencia, juventud y parte de la adultez de una persona. Una generación completa que creció sin un marco legal que respaldara los derechos que muchos y muchas se han tomado: Si pudiste opinar con firmeza siendo un/a niño, niña o adolescente, debatir con adultos/as, decidir sobre cómo vivir tu sexualidad, cómo te alimentarias, y nunca tuviste problemas, es porque creciste en un ambiente donde tus derechos fueron respetados, sin embargo, no todos/as tienen la misma suerte.

Solo en los últimos 15 años han muerto 1.776 personas bajo protección del Estado, es decir, cada tres días muere un niño, niña o adolescente que está vigente en algún programa del Sename. El 29 de julio, el femicidio de Ámbar Cornejo de 16 años, aumentó esta lista. Ella era una adolescente que estaba en el Programa de Intervención Especializado (PIE) del Organismo Colaborador del Sename Gabriela Mistral de Serpaj, donde “desconocían los antecedentes de riesgo”.

En los últimos 10 años 1.527 adolescentes han sido enviados, como medida cautelar, a Centros de Internación Provisoria (CIP) por delitos que no cometieron. La mayoría de estos adolescentes que finalmente resultaron ser inocentes, estuvieron entre 16 días y 6 meses en un lugar donde han ocurrido graves violaciones a los derechos humanos por parte de Gendarmería de Chile.

Podríamos seguir enumerando las vulneraciones que sufren los niños, niñas y adolescentes en Chile, donde aún no contamos con un marco legal que apunte a la prevención y al cuidado y no a la reacción muchas veces tardía, en un país donde la reparación se tarda o nunca llega.

Pero los avances —lentos e insuficientes— han demostrado ser agentes de cambio. Basta con ver la labor de la Defensoría de la Niñez o la valoración social que hay del programa Chile Crece Contigo, ambos son pruebas de que el país necesita una ley de carácter universal que garantice la protección de los derechos de todos y todas los/as niños, niñas y adolescentes, de la que ellos/as participen y que integre a la familia y a la sociedad. Una ley adecuada, que sirva de guía para que el cambio cultural y social que tanto necesitamos y que cumpla de una vez.

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