1964, persona, comunidad y derechos

Sólo se es libre por el ejercicio de los derechos.

Eduardo Frei Montalva

1. La lucha por los derechos

El 4 de septiembre de 1964 fue un día de grandes esperanzas. El día que ocurrió el triunfo de Eduardo Frei Montalva, el joven líder de un también joven movimiento político, la Democracia Cristiana. Más de un millón cuatrocientos mil votos, la más contundente mayoría ciudadana que se recuerde en la historia de la restringida democracia chilena, se habían movilizado para testimoniar su adhesión a una fresca y persuasiva promesa de cambios.

Nacía la Revolución en Libertad, una vía política que por su implantación y mística provocaba desconcierto y animadversión en los ambientes de izquierda y de derecha tradicionales. Ambos sentían que el nuevo movimiento político amenazaba sus intereses y arrebataba sus banderas. Para la derecha, Frei representaba un mal menor comparado con la pesadilla de ver instalada en Chile una dictadura comunista semejante a las de Hungría, Checoslovaquia y Cuba. Desde la izquierda, la Democracia Cristiana era vista como un partido burgués, pro capitalista, pro imperialista, al servicio de los grandes monopolios, emula de una sociedad comunitaria que no existía en ninguna parte del mundo, y que tenía el tupé de vestirse con ropajes revolucionarios. Razones todas que se esgrimían para demostrar que la suya había sido una victoria «sucia».

Pero, en teoría, ¿qué era la Revolución en Libertad? ¿Cómo la entendían Frei y la Democracia Cristiana?

Primero, su característica más distintiva era que se trataba de una vía política, no insurreccional, no armada, no violenta y, por lo tanto, pacífica. Segundo, era un camino que se proponía impulsar cambios profundos, los que debían realizarse dentro del estado de derecho y de la legalidad democrática. Tercero, se presentaba como una senda pluralista, tolerante y respetuosa de la diversidad, por lo que debía ser transitada sin abusos, sin arbitrariedades, sin ahogar la libre expresión de las ideologías espirituales y políticas. En suma, era como la describió Frei en el momento de asumir la Presidencia de la República: «un camino que significa realizar profundas transformaciones y rápidos avances en el orden social y económico, dentro de un régimen que respeta la libertad y la dignidad de la persona humana».

El de Frei no era un comportamiento oportunista, como se le criticó al calor de la contienda electoral del ‘64. No era una propuesta puramente propagandística que, en el fragor de la lucha ideológica protagonizada por la Revolución Cubana y la Alianza para el Progreso, ofreciera conjugar el cambio con las libertades. Frei representaba una generación que, cultivada en una nueva filosofía, había luchado durante 30 años en forma dura e intransigente para dar educación a los niños de Chile, para que los campesinos fueran dueños de la tierra, para que todas las familias vivieran en una casa propia, para estimular el desarrollo y ponerle freno a la inflación, y para abrir las puertas de la participación.

La de Frei tampoco era la fascinación discursiva de la primera hora. Fue una convicción que conservó hasta el último día de su mandato. Dirá el 3 de noviembre de 1970, en el minuto de su despedida: «Siempre hemos luchado por un auténtico humanismo; por una sociedad abierta; por la rica expresión de un mundo comunitario; por los derechos de la persona humana; por una estructura social sin privilegios de grupo, clase o individuos: Nacimos creyendo no en el odio sino en la solidaridad; y en la firme convicción de que la justicia y la eficiencia son compatibles con la libertad».

Frei, que junto a los jóvenes falangistas había nacido a la vida política en el período de entreguerras, sabía de los horrores del totalitarismo, de la pérdida de las libertades, de la caída de las democracias, de las miserias que desembocaban en enfrentamientos fratricidas, y del enorme precio que habían debido pagar los pueblos del mundo para conquistar el consenso que, en 1948, dio origen a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Frei estaba convencido de que si no se cumplían estos desafíos programáticos, seguirían violándose elementales principios de justicia, se haría imposible el ejercicio de una auténtica democracia, y el régimen constitucional acabaría por desplomarse.

La persona, su dignidad y sus derechos, eran pues un imperativo categórico para la nueva fuerza política. Y por eso el gobierno de Frei habrá de ser el primero en reclamar la jerarquía constitucional de los derechos económicos y sociales. Así lo revela de manera explícita el proyecto de reforma propuesto al Parlamento el 30 de noviembre de 1964, en el que podía leerse: «Todas las constituciones modernas consagran, en la enunciación de derechos de la persona humana, los derechos de carácter social. Esos derechos, reconocidos en instrumentos internacionales a los cuales ha concurrido el gobierno chileno, forman parte del patrimonio cultural de nuestro tiempo y constituyen la conquista más importante de la gran multitud de los hombres que viven de su trabajo».

De hecho, la Constitución italiana, que había entrado en vigor el 1º de enero de 1948, era lo más cercano a la experiencia chilena, y acaso lo más inspirador, no sólo por haber sido promulgada por el gobierno democratacristiano de Alcide De Gasperi, sino porque, como en Chile, el sistema político italiano le había granjeado el primer lugar a la Democracia Cristiana, el segundo a los socialistas y, más atrás, a los comunistas. El valor del trabajo era tan central para los democratacristianos como lo había sido para los italianos. En su artículo 1° la Carta Magna latina declaraba que «Italia es una república democrática fundada en el trabajo», y confirmaba en su artículo 3° que «es deber de la República remover los obstáculos de orden económico y social que, limitando la libertad y la igualdad de los ciudadanos, impiden el pleno desarrollo de la persona humana y la participación efectiva de todos los trabajadores en los ámbitos político, económico y capital del país».

La Constitución chilena de 1925 había quedado desfasada respecto de los grandes avances habidos con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial en materia de derechos fundamentales, de modo que las garantías contenidas en el capítulo III de su texto no conseguían cubrir las lagunas de protección que hacia 1964 ponía en evidencia el movimiento popular. De ahí que la reforma institucional de Frei buscara otorgarle al trabajo, y a los derechos vinculados al trabajo, el más alto lugar de reconocimiento jurídico en el marco de la democracia constitucional prevaleciente en Chile. El Congreso era, en este caso, la asamblea deliberante que debía pronunciarse sobre ellas. El destino sin embargo quiso que jamás lo hiciera. La iniciativa fue paralizada por el Senado, obligando a Frei a enviar en 1969 otro proyecto. Esta vez la oposición, temiendo que el gobierno empleara las enmiendas en su propio beneficio, le impuso como condición para ser aprobado que el nuevo texto entrara en vigencia sólo cuando Frei hubiera concluido su mandato el 4 de noviembre de 1970.

La propuesta de 1964 buscaba establecer un conjunto de disposiciones vinculadas al derecho al trabajo, tales como las facultades del trabajador de percibir un salario ético, acceder a las prestaciones de salud, quedar amparado por la seguridad social, asociarse libremente o emplear el recurso de la huelga. Estas garantías se expresaban textualmente del modo siguiente:

«a) La consagración constitucional del derecho de toda persona al trabajo, a la libre elección del mismo y a una remuneración justa y suficiente que le asegure a ella y su familia un bienestar acorde con la dignidad humana;

b) El derecho de los trabajadores a fundar sindicatos y sindicalizarse;

c) El derecho a huelga en los casos y forma que determine la ley; y

d) El derecho a la seguridad social y a la asistencia médica.»

La iniciativa asimismo consignaba derechos económicos y sociales, como los de participación, educación, defensa jurídica y debido proceso administrativo. En el proyecto podía leerse que, a fin de incorporar efectivamente los derechos humanos en la Constitución, ésta debía consagrar:

«e) El derecho de toda persona a participar activamente en la vida social, cultural, cívica, política y económica, con el objeto de lograr el pleno desarrollo de su personalidad y su incorporación a la comunidad nacional y el deber correlativo del Estado de remover los obstáculos que limiten, en el hecho, la libertad e igualdad de todas las personas y grupos;

f) El derecho a tener acceso a todos los niveles de la educación y la cultura y a los servicios necesarios para conseguirlas;

g) El derecho a asistencia jurídica para hacer efectivos sus derechos, de toda persona que no pueda procurársela por sí misma; y

h) El derecho de todo funcionario a no ser sancionado con medidas disciplinarias sin ser previamente oído en el correspondiente sumario o investigación».

¿Por qué estos derechos y garantías no habían conseguido permear a la sociedad chilena? Primero, por la existencia de un orden social que limitaba o negaba su ejercicio. Segundo, porque no estaban establecidos como disposiciones legales escritas y vigentes. De ahí que el propósito del gobierno fuera remover estos obstáculos estructurales a través de un cambio político profundo, y convertir los derechos —universales desde hacía ya quince años— en derechos positivos a través de una audaz reforma de las instituciones. «El Gobierno que presido —declaraba Frei en 1964—, plenamente consciente de este hecho, está planteando al país reformas sustanciales que permitan la más rápida transformación de las actuales estructuras sociales, económicas y administrativas, que, en la práctica han impedido hasta ahora el libre acceso del pueblo a la propiedad y uso de los bienes, el ejercicio real de la libertad de asociación en todas sus formas, sean ellas sociales, económicas o gremiales y el derecho a una educación que la capacite para el total desempeño de su condición de ciudadano de un país libre y democrático». En el lenguaje de hoy, esto era impulsar una política económica de crecimiento con equidad.

«Nuestro objetivo es que… haya educación, vivienda, salud, y que el incremento de la riqueza, que se consigue con esfuerzo y trabajo, se distribuya con equidad».

Una transformación social de esta envergadura entrañaba afectar los derechos de propiedad, a fin de garantizar a las familias no sólo el acceso a la tierra, sino a los bienes comunes que les permitieran llevar una vida digna. Así lo expresará el Presidente Frei en el proyecto de enmienda constitucional: «La garantía constitucional que asegura a todos los habitantes el derecho de propiedad resulta una burla si en la práctica es inaccesible para las grandes mayorías. Una de las tareas fundamentales de mi gobierno es abrir al mayor número la posibilidad real de ser propietario, sea de su propia casa, o de un predio que trabaje…»

Un cambio de tan grandes proporciones también comportaba ensanchar la democracia deliberativa, sin menguar la democracia de las instituciones, y hacerlo a través de la progresiva participación de las personas y comunidades en las decisiones políticas. La tarea consistía en crear un rico tejido asociativo que alimentara la cooperación y la solidaridad, principalmente entre los más pobres de la sociedad chilena. «Serán los barrios y las juntas de vecinos —afirmaba el programa—; serán los municipios en las comunas, las cooperativas, las asociaciones de padres de familia en las escuelas; serán las regiones y las provincias; los sindicatos y los centros de madres. En una palabra, darle a cada uno en el medio en que viva la posibilidad de expresarse, de influir, de opinar, de exigir cuando sea justo, y de contribuir de una manera organizada a las transformaciones que el país espera y requiere.» Esta integración de la gente de trabajo en los órganos de decisión y de representación, era lo que se había dado en llamar la Promoción Popular.

Frei y la Democracia Cristiana actuaban inspirados en un sentido de responsabilidad con su trayectoria histórica y con su credibilidad política. Pero también lo hacían porque el mundo observaba con atención la experiencia chilena. Para Jacques Maritain, el filósofo francés, el desafío del gobierno democratacristiano era realizar la genuina revolución humanista cristiana contemporánea. De modo que sobre las cabezas de sus líderes no pendía sólo la promesa de hacer una buena administración, sino la más difícil de ofrecer una respuesta ideológica y programática a una época que empezaba a ver el letargo de los grandes relatos. Por eso, cuando en la primavera de 1969 Frei le habla a su partido, dirá: «Estoy cumpliendo una misión en función de una filosofía, de unos principios, de una concepción de la vida del hombre, de la sociedad y del Estado. Estoy expresando el pensar de un movimiento que se tiene que proyectar por un largo periodo en la historia de nuestra patria, de la cual los que recibimos un mandato, somos elementos transitorios.»

Quizá con un dejo de resignación ante este re-encantamiento de la política que, a fines de los sesenta, invadía las aulas universitarias, pero también con la certidumbre de haber actuado con dicha responsabilidad frente al país, frente al mundo y frente a las propias convicciones, Frei concluye que lo esencial de todo cuanto ha significado la Democracia Cristiana en Chile arranca de su respeto por la persona humana, por su dignidad, por sus derechos, por su libertad.

«Todas las cosas que hemos hecho —les habla a sus camaradas— podrían haber tenido otro contorno, tal vez otra magia, otro tipo de atracción, si no hubieran estado dominadas por la racionalidad que nos distingue, por el respeto a la dignidad de la persona humana que está en la raíz de lo que fue y es nuestro movimiento.»

2. El programa

La elaboración del programa de gobierno de la Democracia Cristiana se inició treinta meses antes del triunfo de Frei. De modo que, para el año 1963, un equipo de técnicos y dirigentes políticos ya había concluido las bases programáticas por las cuales habrían de orientarse las políticas económica, social, interna y externa del país.

El programa original tenía tres ejes fundamentales. Primero, satisfacer la secular demanda campesina de redistribuir la propiedad rural mediante la Reforma Agraria. ¡La tierra para el que la trabaja! Decía la consigna. Segundo, aumentar la participación del Estado en la explotación de nuestra principal riqueza, la viga maestra de la economía, a través de la llamada Chilenización del Cobre. Y tercero, impulsar y fortalecer la organización y participación de las personas y comunidades —“el gobierno del pueblo comienza con Frei”— por medio de la política de Promoción Popular.

Pero, como suele ocurrir en todo orden de sueños, del programa imaginado al programa realizado existe un trecho. Y el ancho de esta brecha depende del rigor de las prospecciones estratégicas, de la adecuada planificación de las políticas públicas, y del cambio deliberado de las prioridades gubernamentales. Es probable que todas estas circunstancias se hayan combinado para producir lo que, finalmente, fue la obra del sexenio. Como fuere, lo cierto es que, de todas las mudanzas imaginadas, fue la reforma de la educación la que alcanzó mayor trascendencia, algo que acaso sólo nos sea dado apreciar desde el presente.

La voluntad del Presidente Frei era, sin embargo, empujar la ola transformadora hacia un amplio espectro de derechos económicos y sociales no reconocidos. Había sostenido que no cambiaría una coma de su programa ni por un millón de votos. Se refería a su programa de reformas sociales. No estaba dispuesto a transigir las metas de su gobierno en materias de educación, salud, seguridad social, vivienda, reforma agraria, creación de empleos, organización comunitaria, reforma del sistema de propiedad, modernización de las leyes laborales y ampliación de la sindicalización.

Fue así como durante su administración la inversión pública en educación llegó a convertirse en el mayor gasto del Estado. La creación del Ministerio de Vivienda significó asimismo que se construyeran miles de casas, se asignaran tierras, y se expandieran los servicios de agua potable, alcantarillado y pavimentación. Una audaz política de salud permitió la construcción de hospitales y postas, aumentar el número de médicos en provincias, conseguir fuertes incrementos de camas hospitalarias, ampliar la cobertura de atención a los grupos de menores ingresos, urbanos y rurales, reducir drásticamente los indicadores de mortalidad infantil, y asegurar el suministro de leche a la madre y al niño.

Sólo entre 1964 y 1966 la distribución de leche por el Servicio Nacional de Salud pasó de 84 a 188 millones de litros.

En el campo de las relaciones del trabajo, se crearon 80 mil empleos cada año, y se llevaron las tasas de desocupación a los niveles del pleno empleo: 5,3% anual. Adicionalmente, se lograron importantes avances en el control de la inflación, el crecimiento de la producción y el incremento de los salarios. En el campo, se fijó un salario mínimo equivalente al salario mínimo industrial. Por último, un solo dato sirve para demostrar el progreso habido en la organización del mundo popular: en los seis años se crearon nueve mil centros de madres.

¿Por qué no se pudo ir aún más lejos en esta lucha por los derechos fundamentales? Para uno de los intelectuales más lúcidos de la Democracia Cristiana, como lo era Frei, que había llegado a detentar la más alta investidura desde donde se podía contempla el país real, el problema de fondo de Chile no era económico. Era un problema moral y político. Era la pérdida de una solidaridad elemental. Era la persistente defensa de intereses particulares que conspiraban contra el Bien Común, y acababan frustrando las esperanzas de justicia y equidad.

3. La reforma agraria

La Reforma Agraria fue el cambio social más postergado, y por eso, el más esperado y anhelado por el mundo campesino. Con la Reforma Agraria llegaba a su fin un modo de dominación reñido con la dignidad humana, el régimen constitucional y la democracia. La reforma tenía un afán de justicia, cual era integrar al campesinado a la vida social, económica y política del país. Pero, además, tenía la finalidad de garantizar el derecho a la alimentación a todos los chilenos, sentido que hoy vendría a ser expresado en el concepto de soberanía alimentaria. Así lo confirmaba el Presidente Frei cuando en el momento de promulgar la ley expresaba que ésta «tiene como primer objeto el hombre y su familia y su dignidad esencial como persona y como sujeto de la vida de Chile. Y el segundo, alimentar a nuestro país».

El desafío programático de la Democracia Cristiana era pues generar una activa y rápida incorporación del campesinado a la propiedad de la tierra y al poder político. Se esperaba que antes del año 1973 más de cien mil familias campesinas se convirtieran en nuevos propietarios agrícolas y que, reforzando este proceso de empoderamiento, se organizaran en sindicatos facultados para demandar y defender sus derechos. Y también para enriquecer la vida en comunidad, que era lo que lograban cuando se asociaban para construir una iglesia útil a todos los credos religiosos. «Los campesinos —destacaba con admiración el Presidente Frei—construyeron esta iglesia no sólo para que aquí venga a oficiar el sacerdote católico, sino que el pastor de todas las creencias, porque esta es una iglesia abierta a todos los credos».

En 1967 se promulgó la Ley de Sindicalización Campesina que, entre otras disposiciones, autorizaba las huelgas, aunque, por razones de seguridad alimentaria, las prohibía en tiempos de cosecha. Gracias a la nueva legislación, ahí donde había sólo 24 sindicatos, al concluir el gobierno llegaron a haber 500. También en 1967 se aprobó la Ley de Reforma Agraria. Antes de lo cual fue preciso enmendar la Constitución en la parte relativa al derecho de propiedad, con el propósito de ampliar la facultad expropiatoria del Estado, y permitir al Gobierno redistribuir tierras y emprender planes de vivienda y de desarrollo urbano. Lo que, en modo alguno, comportaba una arbitrariedad o un abuso de poder.

El principio jurídico de la reforma mantuvo subordinados los derechos patrimoniales a los derechos fundamentales de la persona. La doctrina garantizaba el respeto a la propiedad privada, pero con arreglo al valor superior del Bien Común. El gobierno entendía que ambos fines eran perfectamente armonizables: «Basta que el dueño tenga conciencia de la vinculación entre el interés social y el recto ejercicio de sus derechos sobre las cosas, y destierre el falso concepto de poseerlas con el solo fin de satisfacer sólo sus propias necesidades». Y agregaba que la enmienda «… asegura al dueño su derecho a servirse de los bienes, en su provecho; pero, a la vez, faculta al Estado para que asegure la función social de la propiedad».

4. La promoción popular

El En una palabra, Promoción Popular, significaba democracia… ¡Gobierno del pueblo! Participación directa y organizada de las personas y comunidades en las políticas públicas. La Promoción Popular entrañaba la multiplicación de las organizaciones sociales, de las juntas de vecinos, de los centros de madres, de las cooperativas y de los centros comunitarios, en iniciativas gubernamentales que beneficiaban a las familias.

Nadie más que el Estado podía generar este primer impulso. Por eso, en 1965, se crea el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, del que entró a depender la Consejería de Promoción Popular. Las funciones del ministerio eran coordinar a las instituciones que intervinieran en el desarrollo urbano, planificar las obras de infraestructura, diseñar mecanismos de financiamiento, y ajustar los ritmos de construcción habitacional a los de urbanización y equipamiento. Las funciones de la Consejería, en cambio, eran organizar a la comunidad y empoderarla en el dominio de los asuntos públicos. Fue así como la política habitacional empezó a ser diseñada y ejecutada con la participación activa de la comunidad organizada en juntas de vecinos, asociaciones de pobladores, cooperativas y empresas privadas, y sus frutos se tradujeron en proyectos de autoconstrucción de viviendas, y en obras de pavimentación, agua potable y alcantarillado.

Tras estos emprendimientos anidaban nociones de persona y comunidad, que encontraban sus fuentes no sólo en el pensamiento democratacristiano y en las tradiciones judeocristianas, sino también en una cultura popular viva que era recuperaba por las nuevas tendencias artísticas e intelectuales. Por eso, se le dio tanta importancia a la generación de espacios públicos que promovieran el desarrollo de lazos comunitarios. Por eso, se construyeron mercados, escuelas, zonas de comercio, servicios de administración, y clubes sociales que le imprimieron un sello orgánico y un profundo sentido humano a los espacios públicos, y de los cuales aún siguen dando testimonio elocuente barrios residenciales como Villa Frei y Villa Portales, en la capital metropolitana.

También cobraron fuerza política e ideológica las cooperativas y las empresas de trabajadores. Para promover el cooperativismo, el gobierno creó la Comisión Nacional Coordinadora de Cooperativas, bajo la dirección del Servicio de Cooperación Técnica, que promovió y sustentó el desarrollo de cientos de asociaciones de apoyo mutuo para la instalación de redes de electricidad y de agua potable, y para el desarrollo de actividades agrícolas y mineras.

La Consejería de Promoción Popular había hecho posible la construcción de 15 mil centros comunitarios. En estas dependencias cada día tenía lugar un rico intercambio social y cultural ligado a la producción, al mejoramiento de barrios, a la recreación, y a la integración de la niñez y de la juventud. En ellas, un millón y medio de ciudadanos organizados en centros de madres, centros comunitarios, juntas de vecinos, asociaciones de pobladores, grupos de compras, entidades culturales, colectivos juveniles y clubes deportivos, daban cuerpo a un nuevo tejido asociativo que competía y pugnaba con las clásicas formaciones sociales surgidas al amparo del proceso de industrialización. Y, por eso, porque eran vistas como una amenaza a este poder social de sello obrero y socialista —que, sin embargo, no había sido capaz de incorporar a los trabajadores del campo ni a los marginados de la ciudad—, la política recibió críticas desde la partida. Se la acusaba de ser paternalista, de fomentar el caudillismo, el patriarcalismo y el asistencialismo, porque las iniciativas de apoyo a la participación tenían su origen en el aparato estatal, en aquel órgano creado al efecto que era la Consejería de la Promoción. Frei respondía la crítica ofreciendo garantías de respeto a la libertad y autonomía de las comunidades:

«No tengan ningún temor de que el Estado se vaya a convertir en tutor de la Promoción Popular; será su impulsador.» Pero también se le imputaba la intención de desplazar a las instituciones de la democracia representativa. El proyecto de ley de juntas de vecinos, que daba forma jurídica a la organización y expresión legítima de amplios sectores marginados, fue paralizado en el Senado con el solo argumento de que buscaría limitar la autoridad y la influencia de los municipios.

En el Mensaje del 21 de mayo de 1968, Frei hará una larga enumeración de obras, como las leyes de Sindicalización Campesina, de Reforma Agraria y de Juntas de Vecinos, como la creación del Consejo Nacional de Menores, como la Planificación Familiar, una de las más humanitarias políticas de salud, o como la construcción de viviendas. Para el Presidente de los campesinos, sin embargo, ninguna de estas iniciativas podía sostenerse sin la columna vertebral que las mantenía unidas. El tutor que garantizaba el crecimiento recto y erguido de la sociedad no era sino la participación popular. Y si es cierto que esta vía política no era ni socialista ni capitalista, es también cierto que aspiraba a ser un camino propio, uno nacional, uno chileno y latinoamericano, en suma, una senda que tenía al «Estado como gestor del Bien Común, de la solidaridad nacional, del respeto por la persona humana». Por eso Frei subrayará en su discurso ante el Congreso Pleno que el objetivo prioritario de su administración, que «el propósito fundamental y la más importante decisión, ha sido crear formas más amplias de participación del pueblo». Los tiempos que se avecinaban habrían de darle la razón.

5. La reforma educacional

Cuando volteamos la cabeza hacia este largo recorrido de medio siglo; cuando volvemos a caminar con la memoria, con las remembranzas de entonces, que no yacen inmóviles, sino que se enjambran en las más recientes y vivas experiencias colectivas; cuando volvemos a cruzar los gobiernos de Frei y de Allende, y pasamos por el oscuro laberinto de la dictadura, para seguir, luego, por la transición democrática, la Concertación y los gobiernos de Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet, y después, el de Piñera, y otra vez Michelle Bachelet, pero ahora respaldada por una mayoría de mayorías; cuando gracias al saber y al conocimiento adquirido por las generaciones que hace cincuenta años empezaron a beneficiarse de la reforma educacional, y de la cultura, y de la formación recibida, hoy las vemos convertidas en líderes y conductoras de nuestra sociedad; cuando observamos a políticos, artistas, intelectuales, científicos, académicos, deportistas, hombres y mujeres brillantes, que destacan en todos los ámbitos del quehacer nacional, que no se avergüenzan de sus orígenes, sino que por el contrario agradecen las oportunidades que el país un día les brindó; entonces, no podemos arribar sino a una sola conclusión, rotunda, sólida e incontestable: la reforma educacional de Frei fue la más trascendental de cuántas emprendió el gobierno de la Democracia Cristiana porque fue capaz de dar semillas sanas y fecundas.

Ni la Reforma Agraria, ni la Promoción Popular, ni la Chilenización del Cobre se proyectaron como lo hizo la Reforma Educacional. ¿Por qué? Porque todas ellas fueron vulnerables a la regresiva revolución neoliberal de la dictadura. La educación, en cambio, constituyó una profunda mudanza cultural, que empujó el ascenso social y la expansión de la conciencia de miles de niños y jóvenes chilenos. Frei tardó sólo un año en ponerla en marcha. En no más de doce meses 200 mil nuevos alumnos ingresaron al sistema escolar. Se construyeron 1.500 nuevas escuelas con 5.800 salas de clases, más 38 liceos vespertinos y nocturnos. La tasa de escolaridad primaria llegó a cubrir el 90 por ciento de los niños, mientras que la proporción de adolescentes en la enseñanza media alcanzó el 45 por ciento. La sola reforma del 7° Básico implicó recibir en 1966 a más de130 mil alumnos egresados de sexta preparatoria, cuando en la educación pública y privada no había vacantes sino para 100 mil, y cuando se precisaba formar a miles de profesores para satisfacer la explosiva demanda. No obstante, en un hecho sin precedentes, en 1965 y 1966 se formaron más de ocho mil profesores. Y, entre 1964 y 1967, la matricula en los liceos aumentó en más de un 30 por ciento, y la universitaria en cerca de un 40 por ciento. Logros aún más significativos se consiguieron durante estos primeros años de la reforma en lo relativo a la protección del derecho a la alimentación de la niñez y la adolescencia. En 1966 se entregaron cerca de 987 mil desayunos y 463 mil almuerzos diarios. Pero en 1969 la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas ya distribuía un millón 200 mil desayunos y cerca de 600 mil almuerzos diarios a los niños de Chile.

A menudo se habla del éxito de la Reforma Educacional en términos estadísticos: número de alumnos, de profesores, de escuelas, de aulas o de textos escolares. La clave de la reforma, sin embargo, estuvo en el gran salto que produjo en la calidad de la enseñanza, progreso que se plasmó a través de tres políticas estrechamente relacionadas. Primero, de una política que cambió los métodos y programas de estudio. Segundo, de una política que prolongó los estudios primarios de 6 a 8 años. Y tercero, de una política que incrementó la matrícula en forma a tal punto vertiginosa que, si en lo que iba corrido de la década cada año se incorporaron al sistema 60 mil alumnos, en 1965 lo hicieron 220 mil.

¿Cuál era la finalidad buscada? El objetivo eran las conciencias, que es donde se construye el ser social. La educación debía formar personas dotadas de una personalidad integrada, de responsabilidad y confianza, de juicio crítico, y capaces a la vez de seguir aprendiendo. Por eso, uno de los cambios más significativos que se emprendieron fue extender la educación general básica de seis a ocho años. ¿Dos años más? ¿Qué gran transformación podría entrañar una alteración del tiempo de permanencia en el primer ciclo? Los gestores de la reforma entendían que un niño de 12 y 13 años, que se hallaba cursando sexta preparatoria, aún no había alcanzado la madurez suficiente para tomar una decisión vocacional. Creían que ésta recién empezaba a visualizarse alrededor de los quince años. Por eso, la educación general básica se extendió de 6 a 8 años que, posteriormente, serían sucedidos por cuatro años de educación científico-humanista o técnico-profesional, según la opción vocacional que tomara el o la adolescente. Al cabo de estos cuatro años se le otorgaba la Licencia de Enseñanza Media, que lo facultaba para continuar estudios universitarios, o técnico-profesionales, además del Diploma que lo habilitaba para incorporarse al mundo del trabajo. En el sector técnico-profesional se mantenía un tronco de formación científico-humanista, para compensar los énfasis puramente tecnológicos de la especialización.

La escuela cesaba de ser un espacio de segregación social. Se renunciaba a la clasista separación entre escuelas para pobres y escuelas para ricos. La escuela básica dejaba de impartir formación para que, una vez concluido el ciclo, los niños abandonaran los estudios. La escuela básica pasaba a ser uno de los peldaños de la larga escala educacional que se iniciaba en la educación de párvulos, en principio pensada para atender primordialmente a los hijos de las familias obreras y campesinas. La escuela se hacía una, como lo expresaba entonces el subsecretario de la cartera. «Esta nueva concepción —sostenía Patricio Rojas— descarta toda posibilidad de mantención de las escuelas por niveles, de tipo diferente, de acuerdo con las distintas clases sociales y con sus expectativas de posible participación en la vida nacional. Hay una sola escuela…»

Luego, se introdujo la noción de horas integradas. ¿Qué eran? Eran ocho horas semanales en que el alumno tomaba contacto con su medio social. Dentro de éstas se contemplaban las llamadas horas de libre disposición, previstas para adecuar la malla curricular a las necesidades locales. Por ejemplo, «las escuelas cuyo alumnado está compuesto por niños indígenas, para ellos las horas que contempla el programa de enseñanza del castellano pueden ser insuficientes, por lo que esos establecimientos pueden disminuir horas de algunas asignaturas para dedicar más tiempo a la enseñanza del idioma patrio». El mismo espíritu empapaba la idea de universidad. «Nosotros queremos una universidad integrada en la vida y en el pueblo —afirmaba Frei—. Y eso significa aquí en América que los universitarios y la Universidad deben ser parte fundamental en la tarea de promover el paso de una sociedad burguesa y restringida a un nuevo tipo de democracia, para nosotros un nuevo humanismo, en que el trabajo alcance la plenitud de su destino».

¿Con qué país se encontró la Reforma Educacional?

Hacia mediados de la década del sesenta, 180 mil niños quedaban cada año fuera del sistema educativo. De los que conseguían ingresar, sólo la tercera parte llegaba a sexta preparatoria. De éstos, alrededor de un treinta por ciento entraba a la secundaria, y no más de un ocho por ciento la terminaba. El promedio de escolaridad era de cuatro años. Había sobre un millón y medio de analfabetos mayores de 15 años.

¿Qué país dejó la Reforma Educacional? En 1964 el número de niños matriculado en algún establecimiento educacional ascendía a un millón 840 mil alumnos. En 1970, esta cifra se elevaba a dos millones 700 mil. En 1964 las universidades acogían a 35 mil alumnos, mientras que en 1970 ya eran 82 mil. Entre 1964 y 1970 el presupuesto para las universidades se elevó de 345 a 838 millones de escudos, o sea, se multiplicó dos y media veces. Por otra parte, durante los seis años se construyeron 2.987 establecimientos educacionales. En igual periodo, actualizaron sus conocimientos y métodos en el Centro de Perfeccionamiento del Magisterio alrededor de 50 mil maestros. Ahí mismo se diseñaron los textos y planes de estudios de la enseñanza básica y media.

La Reforma Educacional culminó el año 1970 con la promulgación de la Ley de Guarderías Infantiles, cuando del millón seiscientos mil niños menores de seis años, nada más que 58 mil concurría a jardines infantiles. La reflexión de Frei con ocasión de dicho evento trasluce la enorme significación que terminó conquistando el cambio del sistema educacional en su programa de gobierno y en su visión humanista. En los últimos meses de su mandato todavía se le podía observar con la vista fija en el porvenir de esos miles de niños.

«Enseguida será necesario preparar el material —decía el Presidente—. Material didáctico, sillas, mesas —excúsenme que hable de estas cosas— juegos. Hoy el juguete didáctico ocupa un lugar importantísimo en la educación de los niños y de los párvulos. No los hay en Chile. Hay maravillas en el mundo. He ahí un campo para nuestros industriales, para la pequeña industria chilena, para hacerlos bien, para hacerlos al nivel de las categorías internacionales, porque para el niño la precisión, la belleza, el cuidado, son elementos educacionales que no tienen sustituto.»

6. Epílogo

El período que se inicia en 1964, con la Revolución en Libertad, y se clausura en 1973, con el Golpe de Estado, corresponde a la etapa de mayor expansión de los derechos fundamentales, del constitucionalismo y de la democracia en Chile. Durante el siglo xx chileno, no existe una época más intensa en luchas de reconocimiento que aquella. 1964 es un momento crucial de la historia del movimiento popular por instalar en la conciencia política nacional los valores intrínsecamente imbricados de la paz, la igualdad y la protección del más débil, finalidades que otorgan la jerarquía de fundamentales a los derechos universalmente proclamados. Si, como escribe Walter Benjamin, «cada instante puede convertirse en el juicio final de la historia», 1964 fue uno de aquellos momentos breves y luminosos en que el presente se deja asaltar por la parte inédita del pasado que pugna por hacer valer sus derechos.

Frei encarnaba esas esperanzas. Su intuición política lo había hecho comprender que el reconocimiento de derechos es una relación social, un sustrato espiritual conformado por vínculos afectivos, instituciones jurídicas y cultura común. Había entendido que sin un cambio institucional no era posible el reconocimiento jurídico de tales derechos.

Y sobre todo, había llegado a la convicción de que un cambio constitucional podía tener la capacidad de transformar las capacidades humanas disponiéndolas para la conquista de nuevas libertades y derechos. De ahí su empeño en el reconocimiento constitucional de los derechos sociales. En el mensaje al Congreso de noviembre de 1964, Frei expresa su voluntad de «afirmar constitucionalmente el reconocimiento de los fundamentales derechos sociales de las clases trabajadoras chilenas, consagrados en la mayor parte de las constituciones modernas y en instrumentos internacionales a que Chile ha concurrido». De ahí también la subordinación de los derechos patrimoniales —siempre disponibles y alienables— a los derechos sociales, que son expectativas positivas de prestaciones, como la salud, la instrucción, la subsistencia, la ocupación y similares; que son derechos indisponibles, inalienables, inviolables, intransmisibles y personalísimos. Por eso, Frei plantea en su proyecto de reforma el propósito de «estimular la función social del derecho de propiedad y proporcionar al Estado los instrumentos indispensables para realizar, con autorización legislativa, las grandes reformas que son necesarias para hacer accesible la propiedad a la mayoría de los chilenos.»

Frei era consciente de los enormes obstáculos que no dejarían de interponerse entre esta voluntad transformadora y la concreción de los nuevos derechos. Y así es como busca introducir en el ordenamiento institucional la figura del plebiscito, un mecanismo de la democracia directa, con el fin de complementar, no de sustituir, a la democracia representativa, y de darle continuidad y estabilidad al régimen constitucional frente eventuales conflictos entre poderes. «La ley debe ser verdadera expresión de la voluntad mayoritaria del pueblo —dirá Frei— y para conseguirlo, puede ser necesario consultarlo y escuchar su opinión directa cuando se trata de adoptar las grandes decisiones de la vida política nacional… A este fin tiende la introducción del plebiscito, forma de expresión democrática que, sin suplantar las atribuciones del Congreso, es contemplada por varias constituciones modernas como una manera de resolver en definitiva, mediante la expresión directa de la voluntad del pueblo, las discrepancias que se produzcan entre el Presidente de la República y el Parlamento en materias legislativas de especial trascendencia.»

Casi cuatro años más tarde, la difícil marcha del proceso, habían reafirmado las expectativas del Presidente Frei en un horizonte constitucional que respondiera al progreso moral, jurídico y político experimentado por los derechos fundamentales. Entonces se preguntará: « ¿Cuáles son los pasos que se exigen hacia el futuro? Mucho habría que señalar a este respecto, pero creemos que podrían concretarse en lo siguiente: una reforma constitucional que se hace cada día más indispensable; una completa revisión de todo nuestro orden jurídico, extremadamente anticuado para las nuevas realidades sociales, económicas y políticas; nuevas formas de participación del trabajo en la vida económica de la Nación, creando un Consejo Económico Social; Juntas Regularizadoras de Salarios y Precios, y otros mecanismos adecuados a nuestra realidad actual. Por otra parte, es indudable que la empresa moderna requiere reformas, de tal manera que el sector del trabajo tenga en ella una participación, información y responsabilidad adecuadas.»

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